Incoherencias

De acuerdo con datos recientes del Banco Mundial (www.worldbank.org), España es el octavo país del mundo por Producto Interior Bruto, solo superado por Estados Unidos, Japón, Alemania, China, Reino Unido, Francia e Italia. Muchos países dedican parte de sus presupuestos a ayuda al desarrollo en otras naciones, las más necesitadas, africanas y latinoamericanas fundamentalmente, y contribuyen al sostenimiento de organismos internacionales, como la ONU.

Si este organismo, por ejemplo, dedicase sus valiosos recursos en proporción a las contribuciones realizadas por los países miembros, resultaría que Estados Unidos, que aporta el 22% del presupuesto de la ONU, recibiría la mayor parte de los fondos de UNICEF, ACNUR o la FAO, que se supone han de ir destinados a otros con más necesidad.

El modelo de financiación estatal propuesto por algunas comunidades autónomas, basado en determinar las balanzas fiscales y repartir más o menos de forma proporcional a la contribución de cada una, para que al final les llegue lo mismo que dejaron salir, resulta tan chocante como el ejemplo anterior: el hecho de que Madrid sea la región más rica de España no debe significar que España dedique más recursos per cápita a la Comunidad de Madrid. Salvo la excepción del trasvase Tajo-Segura, esta forma de reparto de la riqueza se aplica en nuestro país a la distribución del agua: los que más tienen no quieren darla, y además consiguen el compromiso del Gobierno de que no la darán.

Entre las autonomías más ricas, gobernadas por partidos diversos, hay una cierta unanimidad en cuanto a que la redistribución se base en las balanzas fiscales. En particular, llama la atención que gobernantes de presunta izquierda, sabedores de que quien contribuye no es su Comunidad, sino cada uno de los ciudadanos que la componen, opten por un sistema de financiación que fomenta que la riqueza se quede en donde se produce, y no que vaya a los lugares en los que más falta hace.

Ocurre también que la idea de izquierda y derecha tiende con los años a difuminarse, en el entorno global y de libre mercado en el que nos movemos, donde el margen de decisión es escaso y muchas veces, como en el caso del establecimiento de los tipos de interés, viene impuesto desde fuera. Hasta hace poco, uno pensaba que la supresión, por ejemplo, del Impuesto de Patrimonio, que penaliza a los que más tienen, era una medida más conservadora que progresista, pero el PSOE la llevaba en su último programa electoral. Del mismo modo, el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, adecuadamente ponderado, ayuda a igualar las oportunidades de todos, de tal manera que nadie sea mucho más que otro por el hecho de haber nacido en una u otra familia. En este caso uno también está confundido y no sabía que eliminarlo también es de izquierdas. Cuando gobernó el PP («¡Que viene la derecha!», gritaba Alfonso Guerra para asustarnos) se suprimió el Servicio Militar Obligatorio.

Uno ya no sabe de qué es, o si es que es de una ideología inventada y propia, o de una extinguida y que no tiene ya representación ni en el Parlamento ni en el espectro político. Hace unos años, en el Pasaje de San Isidro, había una pintada que decía: «Si votas no te quejes, jódete». Pues no sé si quejarme o no votar.