Hace un tiempo, un grupo de alumnos me dieron unos trabajos que debían entregarme, porque la nota que obtengan en éste cuenta para la nota final de la asignatura; lo cierto es que se me traspapelaron tres de ellos y califiqué todos menos éstos. Ya en clase y con las notas ya colgadas en el tablón de anuncios, me aseguraron, tras ver sus respectivos ceros en la columna correspondiente, que los trabajos me los habían entregado y que debía de tenerlos por ahí. Busqué y, en efecto, por cualquier motivo se me había pasado corregirlos y asumí que no los habían entregado. «No os preocupéis», les dije, «que yo os los corrijo y os actualizo la nota». Esto fue en octubre, y resulta que esos alumnos vienen con frecuencia a preguntarme por sus notas y yo les digo que «ya va, ya va», que lo que yo necesito para mi trabajo es, como dijeron los presidentes del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo respecto del Constitucional, «mesura» y «sosiego». Ellos desean una calificación justa para su trabajo, así que también repetí las palabras de uno de los vicepresidentes de estos órganos jurisdiccionales: «Dejadme tranquilo y sosegado, porque “es con tranquilidad y con sosiego con lo que mejor se puede hacer justicia”». Luego me han criticado, emprendiendo también una “desproporcionada e intolerable campaña de desprestigio”, como si yo no hiciera bien mi trabajo, o como si no lo hiciera en tiempo. Comprendo perfectamente a los magistrados del Alto Tribunal, me siento asimilado a ellos, a su propia piel, con el asunto éste del Estatuto de Cataluña, para el que no encuentran la paz espiritual que se necesita, cuatro años después de que arrancara el asunto.
El presidente del CGPJ, Carlos Dívar, también hizo referencia al “cuestionamiento injustificado de la independencia judicial”, cuando resulta que a cuatro los nombra el Congreso de Diputados, a cuatro el Senado, a dos el Gobierno y a dos el CGPJ: doce en total, diez propuestos todos por políticos y dos por jueces. Pero a 20 de los 21 miembros del CGPJ los elige también el Parlamento: a 8 directamente; a los otros 12, también el Parlamento, a propuesta de los propios jueces de entre 36 candidatos. De estos 36, a 18 los proponen los jueces asociados a alguna asociación profesional, y a los otros 18 los proponen los jueces no asociados a ninguna. En su composición actual, en el CGPJ hay al menos cuatro miembros que han sido políticos: Fernando de Rosa (fue consejero del gobierno de Francisco Camps, del PP); Ramón Camp i Batalla (militante de Convergencia Democrática de Cataluña); Margarita Robles (fue Secretaria de Estado con Felipe González); Margarita Uria (abogada, fue diputada por el PNV de 1996 a 2008). Uno de los pilares de la democracia es la separación de poderes; a saber: legislativo, ejecutivo y judicial. Resulta que al ejecutivo lo elige el legislativo, y a los órganos del poder judicial los eligen tanto el legislativo como el ejecutivo. Por la propiedad transitiva, si A depende de B y B depende de C, entonces A depende de C.
Es normal, entonces, que los ciudadanos se cuestionen y duden de la independencia de los tres poderes, sobre todo del judicial, que sí que debería disponer, en efecto, del sosiego necesario para discernir sobre sus asuntos, como ese del Estatut que se nos hace tan laaaaargo. Pero, para conseguir ese sosiego, deberían ser realmente independientes y no deber sus cargos a ningún político: para ello es necesario reformar su forma de elección, empezando por el artículo 122 de la Constitución, que obliga a que sean el Congreso y el Senado los que elijan a ocho de ellos.
También es normal que los ciudadanos, y también los sectores mediáticos y políticos de los que se quejan, cuestionen el prestigio de los miembros del Tribunal: primero, por su tardanza enorme en decidir sobre el Estatuto; segundo, porque llama la atención que la prensa agrupe a los propios miembros del TC en dos bloques, “progresistas” y “conservadores”, y que, en muchas ocasiones, consideren que algo es o no constitucional en función de su pertenencia a uno de los bloques. Las cosas o son constitucionales o no lo son: la Justicia está abierta a la interpretación y no es matemática; pero no es normal que estos doce señores de tanto prestigio, tan cultos, tan leídos, tan sabios, intérpretes supremos de la Ley de Leyes, se lleven cuatro años para decidir sobre un asunto de tanta enjundia, igual que no es normal que yo tenga estos meses a esos tres alumnos pendientes de un hilo para saber si aprobarán o no. Más sosiego, por favor, que si no, no rindo.
En algún momento habrá que cambiar la Constitución, entre otras cosas para cambiar el orden de sucesión para acceder al trono (supongo que en un resquicio intolerablemente machista, o tal vez por otros motivos desconocidos, prevalece el varón sobre la mujer, lo que permitirá que sea Felipe y no la infanta Elena quien reine en un futuro). Bueno, pues aprovéchese ese momento para cambiar también la forma de elección de los jueces, y para cambiar también aquellos aspectos que influyen en la Ley Electoral (como eso de que la circunscripción electoral sea la provincia: así ocurre que partidos como IU o UPyD tengan menos diputados que el PNV o CiU a pesar de tener más votos). Y habrá también por ahí alguna otra cosilla perfectible, seguro; la Constitución es un producto humano y, como tal, no exento de errores; también envejece, también se queda anticuada y se hace necesario modificarla. Así que hale, en cuanto pase la crisis que se pongan a ello.
En el tiempo que has debido tardar en documentarte para escribir esto, podias haber corregido los examenes :-p
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